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Hasta 8.000 inquilinos navarros van a poder limitar la subida de su alquiler

El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por regular por la vía de la intervención directa la subida de los precios del alquiler como consecuencia de la inflación. Todos aquellos arrendatarios a los que les toque actualizar el alquiler mensual entre abril y junio podrán acogerse a la medida que limita a un 2% la revalorización de dicha renta. Un porcentaje que reduce en más de un 5% lo que se podría revalorizar la renta en condiciones normales, al estar en su mayoría sujetas al IPC que acumula un incremento interanual del 7,6%. En un alquiler de 650€ el ahorro mensual que supone para el inquilino limitar la subida llegaría a los 36€. Sobre la base de que en Navarra hay en torno a 33.000 hogares ocupados por personas en régimen de alquiler, un 12,8% del total, si los contratos se repartieran uniformemente en todos los meses del año (aunque puede haber meses en los que el mercado esté más activo) significaría que una cuarta parte de los mismos deberían actualizar la renta de abril a junio. Es decir, que los contratos a los que potencialmente se les aplicaría en la comunidad la nueva limitación serían algo más 8.000. La medida afecta tanto a los inmuebles que se alquilan en el mercado libre (dos terceras partes del total) como a los que lo hacen en el protegido. Hay más de 10.000 alquileres sobre los que el Ejecutivo foral interviene por diferentes vías para mantener rentas asequibles de alquiler. Desde promociones (públicas y privadas) de alquiler protegido, a VPO de compraventa cuyos propietarios las alquilan a precio tasado. Además de los inmuebles de la bolsa de alquiler y los vinculados a las ayudas del programa EmanZipa David, para familias vulnerables y que han pasado de 219 beneficiarios a cerca de 1.300. Todos ellos se actualizan conforme al IPC en las renovaciones anuales. El precio máximos de arrendamiento en viviendas de protección oficial si se firma un contrato nuevo este 2022 está fijado en 5,88€/ m2 en el caso de las viviendas ubicadas en Pamplona y comarca, Tudela, Estella y Tafalla.

Aunque la Comunidad foral tiene régimen fiscal propio y competencias en materia de vivienda, la exención introducida ahora por el Gobierno en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) también le afecta al tratarse de una ley básica que afecta a todo el territorio. Pese a que en ella se pone como límite máximo de subida el IPC, el nuevo decreto aplica una exención temporal a esa norma y establece ese límite en el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), el preferido por la ley para actualizar los alquileres desde la reforma que hizo el Gobierno de Rajoy aunque, en la práctica, la mayoría de contratos se indexan por tradición al IPC.

Por qué

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite a los propietarios que puedan subir en las renovaciones anuales el precio de la vivienda que tengan alquilada conforme al IPC. Y a ese índice, hoy desbocado, está ligado la mayoría de los contratos de alquiler.

Para qué

Se busca aliviar el pico de la inflación aplicando una exención temporal en la LAU, que limita la subida al IPC, y estableciendo como referencia para la misma el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se situó en enero en el 2% lo que reduce la revalorización.

Las claves de la medida

  1. ¿A qué propietarios afecta la medida? El Ejecutivo, como ya ocurrió durante la pandemia, vuelve a diferenciar entre grandes tenedores y propietarios de menos de 10 viviendas. En los primeros, el límite será un imperativo legal y la renovación estará ligada de forma automática al Índice general de competitividad (IGC), pero los pequeños propietarios tendrán la opción de renegociar dicho límite con los inquilinos pactando, llegado el caso, una subida superior a ese 2%. En el caso de que no haya acuerdo, el tope será el mismo que tiene el propio IGC.
  2.  ¿Cuándo entra en vigor? El IGC será la única referencia para la renovación de los contratos de alquiler desde que se publique el Real decreto ley de respuesta al impacto de la guerra en el BOE y hasta el 30 de junio.
  3.  ¿Por qué un 2%? El Ejecutivo ha optado por un límite del 2% haciéndolo coincidir con el Índice general de competitividad. Se trata de una tasa de revisión de precios que el INE publica desde 2015 y que tiene en cuenta la evolución de precios, pero también la evolución de la competitividad de España en relación con sus socios europeos. En su último valor publicado, el de enero de 2022, era del 2,02%. Pero el IGC tiene otra peculiaridad. Y es que en su aplicación la ley establece que siempre estará entre el 0% y el 2%. Es decir, que ni cuando es negativo ni cuando supera ese tope puede salir de esos valores. De ahí que ese 2% se vaya a convertir ahora en lo máximo que puede subirse un alquiler al actualizar la renta.
  4.  ¿La medida es prorrogable? Podría suceder Por lo pronto, se mantendrá hasta el 30 de junio. Para esa fecha el Gobierno espera que los precios ya hayan comenzado a moderarse.
Fecha Noticia: 
30/03/2022