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Los constructores navarros piden rebajar la reserva para VPO en suelo urbano

¿Pueden las reservas de vivienda protegida en suelos urbanos frenar la iniciativa privada y con ella la renovación de las ciudades o por el contrario son una garantía para desarrollar políticas de vivienda inclusiva? El debate está sobre la mesa y la respuesta del sector de la construcción y la promoción podría llegar en forma de enmiendas a la proposición de Ley Foral que los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa y Podemos) presentaron a mediados de enero en el Parlamento “para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible”. Esa es, al menos, la pretensión de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra que deberá primero ‘convencer’ a alguno de los partidos con representación en el Parlamento foral para que defienda su tesis ante el resto de los grupos y luego conseguir su apoyo.

El sector de la vivienda (que engloba a constructores y promotores), que hasta ahora no había expresado públicamente su opinión sobre el proyecto, lo ha recibido “con dudas y preocupación”. Así lo asegura el presidente de ACP Navarra, Juan Las Navas, quien remarca que “si se pretende actuar sobre la ciudad consolidad, y en Pamplona es necesario, va a haber que resolver el problema de una manera diferente, si no va a suponer una traba de difícil superación que puede limitar o incluso impedir la iniciativa privada en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación, renovación y generación urbana”, dice en alusión a las reservas de vivienda protegida que se plantean en la normativa.

Éste es, de hecho, uno de los aspectos que más inquietud han generado en el sector. Que se planteen los mismos porcentajes para el suelo urbanizable y los supuestos de dotación -incluyendo intervenciones para el cambio de uso de edificios existentes o para la creación de nuevas viviendas-.

La proposición planteada fija la reserva de vivienda sujeta a algún tipo de protección en el 50% en los municipios del ámbito supramunicipal de la comarca de Pamplona y en los que “teniendo en cuenta las previsiones del planeamiento, cuenten con una población igual o superior a 10.000 habitantes. Un porcentaje inferior al 70% de la normativa vigente pero superior al 30% planteado a nivel nacional. Afecta tanto a los planeamientos de nueva urbanización como a las actuaciones que se desarrollen en la ciudad ya construida y obliga a los promotores a destinar un 15% de ese porcentaje para el alquiler.

La propuesta del sector “para facilitar el desarrollo” de los proyectos pasa por rebajar, e incluso eliminar, las reservas para vivienda protegida en las actuaciones que se realicen en suelo urbano consolidado, es decir en la ciudad ya construida. Un supuesto que choca de lleno con uno de los aspectos más novedosos de los incluidos en la proposición: la posibilidad de que en un mismo edificio puedan coexistir viviendas libres y protegidas a fin de permitir el desarrollo de políticas de vivienda inclusiva.

En las actuaciones en suelo urbano consolidado (centro de las ciudades) que requieran la reforma o renovación de la urbanización, la propuesta de constructores y promotores pasa por rebajar la reserva para vivienda protegida al 20%. Las Navas recuerda en este punto que la Ley Nacional del Suelo obliga al 10%. Para las actuaciones que se realicen en estos suelos urbanos consolidados y no requieran la reforma o renovación de la urbanización abogan por eliminar el requisito de reserva de vivienda protegida, igual que la Ley Nacional del Suelo. “Hablamos de actuaciones de dotación, que incluyen los PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana) y que pueden darse en edificios de un sólo portal”, remarca Las Navas.

En la proposición de ley presentada se precisa que “si el incremento en el número de viviendas fuera igual o inferior a tres, los Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del Pleno”. Una salvaguarda que en el sector ven insuficiente. “Se debe dar seguridad jurídica para evitar problemas si se quiere que los proyectos se desarrollen”. Abogan por mantener la posibilidad recogida en la Ley 10/2010 que permite poder reducir o eliminar la exigencia de esos porcentajes cuando el incremento sea igual o inferior a 20 viviendas.

El sector también considera que “fuera de Pamplona y comarca” esa reserva obligatoria para vivienda protegida debería ser del 35% y bajar hasta el 20% en poblaciones que no superen los 2.000 habitantes. En la proposición presentada lo que se dice que es que en los municipios “con una población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 10.000” el porcentaje sería del 35% lo que excluiría de la rebaja a Tudela, Estella o Tafalla donde, defienden desde el sector, “el precio de la vivienda libre y protegida es muy similar”.

Esta Ley (Navarra tiene plena competencia sobre vivienda ), que se pretende aprobar antes del verano, modificaría la ya existente sobre el derecho a la vivienda de 2010 y está alineada con la que a nivel estatal pretenden aprobar Podemos y PSOE si logran los apoyos necesarios en el Congreso.

La vivienda que no existe, apunte de Diana de Miguel

Fuera de España a la vivienda asequible se le denomina affordable housing. Se sitúa en un segmento intermedio entre la social y la libre. La primera está regulada por la Administración con una serie de requisitos de acceso y reservada para los colectivos con menos recursos. La segunda la regula el mercado (oferta y demanda). El problema que hay en el mercado es que hay una demanda intermedia de población que necesita acceder a esa vivienda asequible que antes encontraba en las promociones de suelos destinados a la vivienda protegida o en autopromoción y ahora esa vivienda no existe. Algo habrá que hacer.

POSTURAS

​La proposición de ley

​Se plantea una reserva de viviendas con algún tipo de protección del 50% en los municipios de más de 10.000 habitantes tanto en actuaciones de nueva urbanización, como de dotación (incluyendo las intervenciones que consistan en el cambio de uso de edificios existentes o parte de ellos para la creación de nuevas viviendas), y en actuaciones de renovación o reforma de la urbanización. El porcentaje baja al 35% en municipios de entre 2.000 y 10.000 y al 20% en las de menos de 2.000.

​Lo que plantea ACP

​También plantean porcentajes para las reservas de vivienda protegida de entre el 20 y el 50% en función de la población de los municipios aunque incluyendo una diferenciación más clara entre los incluidos en el ámbito de la comarca de Pamplona y los del resto de Navarra. El matiz es que piden que se apliquen sólo en planeamientos de nueva urbanización. Entienden que las actuaciones en suelo urbano consolidado deben tener un tratamiento diferente para no frenar la renovación urbana.

Fecha Noticia: 
28/02/2022