El Gobierno se compromete a mantener la ayuda de VPO en 392 pisos de alquiler si no pasan de 650 euros los de 3 dormitorios

ACUERDO CON TESTA PARA QUE LOS NUEVOS CONTRATOS SEAN DE 7 AÑOS

PAMPLONA – El consejero de Vivienda José María Aierdi anunció ayer en rueda de prensa el acuerdo alcanzado con el fondo inversor Testa Residencial que permitirá "mantener" en su actual vivienda a un total de 392 familias necesitadas a las que la subida del precio del alquiler, por pasar de VPO a vivienda libre, les impedía conservarla. La reunión mantenida ayer con la dirección de Testa tenía como finalidad "dar continuidad a los inquilinos de estas viviendas que es lo que realmente preocupa al Gobierno, y poder mantener las ayudas actuales", aseguró el vicepresidente, acompañado por el director general de Vivienda Eneko Larrarte. El grupo inversor ha aceptado así la propuesta del Ejecutivo para que se limite el alquiler a un máximo de 650 euros por viviendas en tres dormitorios, lo que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, y durante un periodo mínimo de siete años. "A algunos de los inquilinos ya se les habían notificado los nuevos contratos de 750 euros e incluso de 800 euros, que ahora no tendrán efecto por lo que recibirán una nueva notificación", expuso el vicepresidente. Vivienda también se ha dado un margen de esta semana –hasta el viernes– para terminar de negociar con Testa una rebaja en los precios máximos de las viviendas de una y dos habitaciones, para los que ya se piden 600 y 625 euros, rentas que "deben ser inferiores". A su vez, los nuevos contratos, con la Ley de Arrendamientos en vigor, pasarán a ser de siete años, lo que garantizará una "estabilidad" al inquilino. Testa cuenta con viviendas en Marcelo Celayeta, calle Sanduzelai, Santa Vicenta María, avenida Pamplona de Etxabakoitz y Buztintxuri.

El Gobierno por su parte se compromete a modificar la ley foral de Derecho a la Vivienda para que las promociones de VPO que se descalifiquen y pasen a ser vivienda libre puedan seguir manteniendo las ayudas del 25% al 75% de la renta. En este caso (Testa), el incremento en el alquiler será soportado en "la misma proporción que hasta ahora por vecinos y el Gobierno" pero con nuevas rentas. Así, si antes costaba el alquiler 500 y ahora son 650 €, son 150 de subida; y si la ayuda era del 25%, el Gobierno pagará un 25% y el inquilino el 75% restante; si era del 50%, 75 euros paga el Gobierno y 75 euros el vecino; y si era del 75% el Gobierno pagaría 100 y el inquilino 50. Estiman en 100.000 la aportación adicional del Gobierno. "No sería sobrecoste sino la permanencia de familias que iban a salir del sistema de ayudas", abundó Larrarte.

En definitiva, si un inquilino ahora pagaba 500 euros pero recibía 250 de ayuda, pasará a abonar –por ejemplo– 600€ y el 50% serán 300, en lugar de 250, de modo que tendría que asumir 50 euros más al mes. 650 euros es el tope para cobrar también ayudas del programa David o EmanZipa en vivienda libre.

PROMOCIONES Este acuerdo serviría para todas aquellas promociones en las que venza el periodo de calificación (como VPO) y "quieran abrir un nuevo plazo de siete años mínimo si mantienen esos precios máximos" que se refieren únicamente a viviendas en Pamplona y Comarca, y Tudela. El resto tendrían que mantener los topes que fija el Gobierno (5,61 euros/m2) para conservar las ayudas. El Gobierno tampoco descarta, "y tampoco Testa", la compra de alguna de las promociones lo que requeriría un "gran esfuerzo económico" que ahora no se puede asumir.

Preguntado por familias que tampoco puedan afrontar esta subida, por ejemplo pensionistas, respondió que hay posibilidad de "mover" a estas personas en viviendas de un dormitorio o derivar determinados casos al departamento de Derechos Sociales para su "estudio". En total, son 900 las viviendas que se han descalificado en los últimos años o que lo van a hacer a lo largo de este año (de promotores foráneos y locales, matizó Aierdi), convenios que se firmaron por parte del Gobierno foral con las promotoras privadas hace 16 o 20 años, es decir, con UPN, promociones que luego terminaron en manos de bancos y de fondos de inversión. "Ahora se trabaja en otro modelo de promoción de vivienda de alquiler: En parcelas del Gobierno, para que el promotor privado construya y, una vez que finalice la vigencia del contrato, pasen a la gestión pública".

De esas 900, más de 400 se ejecutaron en localidades de la Ribera aunque en parte de ellas la decisión de los propietarios ha sido la de prorrogar los alquileres anualmente de manera "tácita". También se ha hablado, dijo, con otro fondo para "garantizar" que el periodo de renovación sea mayor que un año. Añadió también que el Gobierno anterior ya arbitró "medidas novedosas" como la opción de renovar el régimen de protección de esos bloques -antes de que venza el plazo- o incorporarlas a la bolsa de alquiler privado que gestiona Nasuvinsa. No obstante Aierdi dejó claro que la solución "más necesaria" de todas es crear un parque propio de vivienda de alquiler. Precisamente en esta legislatura se duplicará, de 1.000 a 2.000.

Fecha Noticia: 
19/02/2020