400 viviendas de alquiler en Pamplona, en manos de Testa, perderán la ayuda por VPO

EL CAMBIO AFECTA A FAMILIAS DE ROCHAPEA, SAN JORGE, BUZTINTXURI, ETXABAKOITZ NORTE Y ARTIBERRI

PAMPLONA – La descalificación de entre 400 y 500 pisos de alquiler social en Pamplona o, lo que es lo mismo, la pérdida de su condición de vivienda protegida con la que sus inquilinos tenían acceso a ayudas del Gobierno de Navarra –cubren del 25% al 75% del alquiler– ha coincidido en el tiempo con la llegada de un fondo buitre a Pamplona. En un mercado inmobiliario con operadores especulativos, la compra por parte de Testa Residencial de promociones enteras de vivienda de alquiler social en diferentes barrios de Pamplona (viviendas, por cierto, bien ubicadas en barrios como Rochapea, Buztintxuri, San Jorge, Etxabakoitz Norte y Artiberri) está teniendo consecuencias claras en los nuevos contratos y la subida de precios hasta 625 euros en viviendas de dos habitaciones, y hasta 650 o incluso 740 euros (en la calle Sanduzelai) en las de tres dormitorios, sin contar gastos. Los edificios, que se construyeron hace 15-20 años con ayudas del Gobierno foral, estuvieron en manos de promotoras privadas para pasar después a nombre de bancos (Santander y BBVA, entre otros) y terminar siendo adquiridos por sociedades (SOCIMI que invierten en activos inmobiliarios), en este caso controlada por el fondo buitre estadounidense Blackstone. En su momento estos edificios disfrutaron de ayudas del Ejecutivo que puso como condición que las viviendas fueran de alquiler social durante el periodo convenido (entre 15 y 20 años). A partir de ahí se incorporaban al mercado libre. En el caso de los portales de Marcelo Celayeta (119-131), la descalificación se produjo en verano del año pasado y, en la calle Sanduzelai (2-8) de San Jorge, a partir de este año 2020. Los inquilinos de ambos bloques ya se han movilizado para pedir al Gobierno foral que intermedie para buscar una solución ante la subida de alquileres y la pérdida de ayudas, que iban del 25% (14.949 euros al año es el tope de ingresos para una persona, y 31.356 para tres) al 75% del alquiler (para ingresos inferiores a 8.793 euros para una persona y de 12.563 para tres personas). Los ocupantes de estas viviendas sufren la subida por partida doble en los nuevos contratos. Por un lado, porque para Testa ya no hay un precio máximo del módulo (como VPO era 5,61 euros el m2, igual que las de Nasuvinsa), y por otro lado, porque las ayudas forales cambian. Al ser vivienda libre ahora solo pueden acogerse al programa Emanzipa o David, con un tope de alquiler de 650 euros en el mercado libre (tope de ingresos de 14.949, 44€ para una persona), y de 200 a 300 euros de ayuda.

El Gobierno por su parte ya ha iniciado contactos con Testa Residencial, con la que quiere llegar a "un acuerdo" para que mantenga las viviendas en alquiler, sin sacarlas a la venta, y contenga los precios para que los inquilinos puedan acceder a las ayudas previstas por Vivienda. "De momento nos han transmitido que no tienen intención de vender, que su apuesta es el alquiler. Nosotros hemos planteado que si es así habrá ayudas por parte del Gobierno", subrayaron ayer fuentes del departamento de Vivienda. "Si ofrecen unos alquileres razonables, dentro de los parámetros del alquiler protegido, los inquilinos recibirán unas ayudas que garanticen su cobro", remarcan. Aseguran también que el Gobierno está apostando por un nuevo modelo de colaboración público-privada mediante acuerdos con promotores privados en suelo público para que construyan viviendas de alquiler, las rentabilicen durante 20-30 años, y después pasen a ser propiedad del Gobierno.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Jesús Hernández, aseguró ayer que el Gobierno debe asumir que en un año como mínimo más de 200 familias no podrán seguir en sus viviendas porque no podrán pagar el alquiler. El colectivo ve necesario incrementar la oferta de alquiler social mediante un "plan inmediato porque los alquileres han subido y no se toman medidas". "Nosotros vamos a luchar para que no echen a nadie. Son personas que salieron del censo de VPO y podemos hablar, en muchos casos, de familias pobres de solemnidad", abunda. Respecto a la política de Testa destaca que, en el caso de Rochapea, no piden más de 650 euros (más gastos) porque a la empresa le "interesa que se llegue a la ayuda de David". "Si antes ganaba entre 400 o 450, más otros gastos como el IBI, ahora será 650 más gastos. Una familia con hijos que antes pagaba al mes 175€ más gastos ahora tendrá que asumir como mínimo 400 más gastos, una vez descontados los 250 euros de la ayuda David. "En la anterior legislatura ya se habló con el Gobierno y se le advirtió de lo que ocurría con las SOCIMI, que estaban jugando a subir los precios de los alquileres".

Fecha Noticia: 
14/02/2020