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Larrea reconoce que adjudicó dos VPO de forma directa por ser casos "sangrantes"

"todos los vecinos " tení­an prioridad porque así­ lo determinó el baremo municipal
El fiscal pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación y la defensa, la absolución

orkoien. El alcalde de Orkoien Casimiro Larrea se enfrenta, a petición del fiscal, a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por presunta prevaricación al adjudicar directamente "a dedo" dos VPO que quedaron libres a vecinas de la localidad a finales del 2005. Ayer reconoció durante las cinco horas que duró el juicio que obvió cualquier procedimiento y que el Ayuntamiento no dio publicidad a dos pisos vacantes de una promoción de 216 en el sector Mendikur de Orkoien por dos razones. En primer lugar, porque en aplicación del baremo municipal "todos los vecinos tení­an prioridad sobre los demás" y, en segundo lugar, porque en un pueblo pequeño donde se habí­an adjudicado más de 300 viviendas el hecho de que hubiera dos bajas "era una noticia que corrí­a como la pólvora". "Creí­amos sobradamente publicitado el tema porque los vecinos ya tení­an prioridad sobre todos los demás y no tení­an vivienda (hubo otras dos solicitudes desechadas por este motivo)", añadió. El juicio quedó listo para sentencia después de que la defensa pidiera su absolución al no quedar claro que fuera una "actuación contraria a derecho" y la Fiscalí­a definiera un delito penal por favorecer a dos personas de manera "arbitraria" y sin aplicar "ningún tipo de baremo" en un tema tan "delicado" como es la vivienda.

El primer edil negó que él, su grupo o algún funcionario tuviera ningún "interés especial" por beneficiar a las dos personas adjudicatarias (Marisol Martí­nez Martí­n y Raquel Villa Cuadrado) a las que ni siquiera conocí­a. "Eran dos casos sangrantes: una madre con dos hijos, viuda de un Guardia Civil muerto en accidente de tráfico y que pagaba 600 euros de alquiler, y otra mujer, madre de una niña pequeña, que viví­a en Buztintxuri en alquiler con una renta de más de 600 euros", relató a preguntas de su abogado Eduardo Ruiz de Erenchun. Fue Aranade, según Larrea, el que comunicó a ambas vecinas, su suerte.

Justificaba así­ que el Ayuntamiento que regí­a, gobernado entonces por IU (ahora grupo independiente tras abandonar la formación y también con mayorí­a absoluta), entregara en 2005 dos viviendas a personas que no participaron en el proceso de selección de dicha promoción a la que concurrieron 777 aspirantes y tras presentarse la última solicitud en mayo del 2003. "Se presentaron dos vecinos en mi oficina y me entregaron un escrito (octubre y noviembre del 2005) en el que me explican su situación. Habí­a otras dos peticiones más, pero se vio más justo adjudicar a las personas que no tení­an vivienda", admitió. A partir de ese momento se encarga a la sociedad gestora Aranade que estudie si cumplen los requisitos para poder entregarlas.

El órgano ejecutivo de la sociedad urbaní­stica Iturgain, presidido por el alcalde, decidió el 21 de noviembre del 2005 "por unanimidad", indicó el primer edil, encargar a la empresa gestora Aranade que valorase ambos casos dando así­ carpetazo al proceso administrativo, ya que no hubo ninguna otra sesión del ente municipal para ratificar el polémico acuerdo. Pero tampoco ninguna "advertencia de posible ilegalidad" por parte del secretario del Ayuntamiento ni del letrado de Aranade, Héctor Nagore, presentes en dicha junta. Tampoco ninguno de ellos informó al regidor local de posibles irregularidades en el contrato que se estableció con la empresa Aranade ampliando su cometido, indicó a preguntas del fiscal José Antonio Sánchez.

alteración de listas Respecto a las posibles responsabilidades derivadas de la alteración de las listas de adjudicatarios tras la investigación abierta por el Gobierno de Navarra, Larrea aseguró que "mis competencias terminan donde comienzan las de Aranade", la contrata que lleva el urbanismo de Orkoien desde 1998. Y admitió conocer que la documentación fue destruida por Aranade a iniciativa de esta empresa cuando se adjudicaron los pisos por lo que no fue posible facilitarla al Gobierno.

Dejó claro además que cualquier vecino del pueblo tení­a prioridad si se presentaba, lo que hací­a que los listados "cambiaran constantemente" al ser actualizados.

El primer edil dijo también que pese a no ser "jurista" sí­ habí­a seguido los consejos de los técnicos que avalaban, frente a la opinión del Gobierno foral, que la polémica adjudicación debí­a regirse por el régimen anterior a la nueva ley foral del 2004 que obliga a aplicar un baremo único y por lo tanto atenerse únicamente a los requisitos aprobados por el Ayuntamiento.

Aludió también a la "tensión" que se vivió en el Pleno de enero del 2006, en el que respondió al portavoz de la oposición Fernando Suescun, con el que mantení­a "enfrentamientos fuertes", que efectivamente adjudicó las dos viviendas "a dedo y antes muchas más" en un tono "jocoso" y para acallar al edil independiente. Recordó también, en respuesta a su defensa, la sentencia que anula la sanción del departamento de Vivienda de 200.000 euros y dos años de inhabilitación, resultado de una campaña "mediática y polí­tica" contra su alcaldí­a.

Fecha Noticia: 
16/01/2009