La vivienda, un derecho que no obliga al Gobierno

pamplona. El caso de la proposición de ley para el reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho subjetivo es diferente. En esta ocasión sí­ se aprobó un dictamen (junio de 2008), pero tan descafeinado respecto a la propuesta inicial (octubre de 2007) que ésta, tras pasar el trámite de la comisión parlamentaria, era absolutamente irreconocible. IUN, defendiendo la necesidad de garantizar por parte de la Administración el acceso a la vivienda como una obligación pública, reclamaba un calendario que le obligara a posibilitar en 5 años la entrega de vivienda protegida a quien la solicitara, ya fuera en propiedad o de alquiler. También reclamaba que en caso de que el Gobierno no cumpliera con las demandas en el plazo establecido, estarí­a obligado a facilitar una vivienda de alquiler social cuya cuantí­a "en ningún caso" deberí­a superar el 30% de los ingresos netos del solicitante. Respecto a las cuentas vivienda, se decí­a que si éstas caducaban porque el Gobierno no habí­a cumplido, el contribuyente no estarí­a obligado a devolver las bonificaciones fiscales recibidas".

"Se aceptó tramitar la propuesta porque en Madrid se buscaba el apoyo de IU a los Presupuestos Generales", dicen desde esta coalición, pero en la comisión las enmiendas del PSN la devaluaron. El dictamen aprobado se limitó a pedir al Gobierno que presente a la Cámara un proyecto de modificación de la ley de Protección Pública a la Vivienda, que recoja "medidas para garantizar este derecho y mejorar el tratamiento legal de la cuenta ahorro vivienda".